Luciano Varela Castro (Pontevedra, 1948) es un juez español
Desde octubre de 2007 forma parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Entre sus muchas actuaciones, en abril de 2009, en el caso del juez Francisco Javier de Urquía, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800
En 2009 fue instructor en el caso Garzón, en el que el juez de la Audiencia Nacional se vio imputado por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre los crímenes del franquismo, tras una querella del sindicato Manos Limpias, que le acusaba de haber dictado resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.
En un primer auto de fecha 3 de febrero 2010, el magistrado del Tribunal Supremo e instructor del caso considera que Baltasar Garzón prevaricó al abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo. En el mismo auto, Varela entiende que debe ser la Sala en pleno la que estime la transformación del procedimiento, imprescindible para sentar en el banquillo a Garzón. La Sala de lo Penal está compuesta por un presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez y Adolfo Prego de Oliver y Tovar. Este último fue ponente del auto de admisión a trámite y las acusaciones intentaron apartarlo del caso, tras saber que había firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica
que culpa a los partidos de izquierdas de la Guerra Civil y que es patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).La Sala de lo Penal está compuesta por un presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez y Adolfo Prego de Oliver y Tovar. Este último fue ponente del auto de admisión a trámite y las acusaciones intentaron apartarlo del caso, tras saber que había firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica que culpa a los partidos de izquierdas de la Guerra Civil y que es patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).
Es llamativo que, a lo largo de su vida profesional pisando callos, las más de 40 querellas interpuestas contra Garzón nunca fueran admitidas a trámite por el Supremo y, en cambio, a partir de éstas, se haya abierto la compuerta y empiecen a acumularse. Ya van tres causas abiertas. Lo grave no es que el ponente de la admisión a trámite de esas primeras querellas, Adolfo Prego, esté etiquetado como "conservador", sino que fundamentara la decisión en que "lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de la prevaricación, al menos como hipótesis". Es decir que, en lugar de una querella criminal, Prego admitió una hipótesis, sin que nadie de la Sala se opusiera a ese desvarío.
Igualmente, el modo de actuar del instructor de esa causa, Luciano Varela, identificado como "progresista" -es cierto que fue uno de los fundadores de Jueces para la Democracia... hace ya mucho tiempo-, poco tiene que ver con el de otros colegas de la misma marca, de modo muy particular Perfecto Andrés Ibáñez, cuya independencia ejerciente retrasó bastantes años su acceso al Supremo, porque no le gustaba a los socialistas, aunque no podían poner tacha alguna a su indubitada cualificación profesional. Para ser aceptado por los correspondientes partidos es más fácil cuando, además de la enseña ideológica, el candidato se muestra... disponible.
Lo grave en la resolución del instructor Varela no es que proceda de un antiguo progresista, sino que no tenga inconveniente, por ejemplo, en fundamentar la pretendida prevaricación de Garzón en que éste, al intentar investigar a los desaparecidos durante el franquismo y exhumar sus restos, ha "asumido tareas cuya competencia ha sido legalmente establecida en el ámbito administrativo". Varela tiene que saber que yerra ruidosamente, porque la llamada Ley de la Memoria Histórica que él invoca establece que sus previsiones "son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales (...) establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España".
Ante ésta y otras aberraciones jurídicas, Sara España, una alumna del Máster de Periodismo UAM/EL PAÍS, en un trabajo de opinión sobre Baltasar Garzón y la justicia, en aplicación sencilla de la lógica, considera prevaricadora la resolución del magistrado Varela, por ser "un acto que podría tacharse, en el fondo y por apariencia, de injusto". ¿Qué pasaría si las víctimas del franquismo que acudieron en su día a Garzón presentaran ahora una querella contra Varela por dictar una resolución injusta a sabiendas, al considerarse "ofendidos" por ella? ¿El criterio de la Sala seguiría siendo admitir, "al menos como hipótesis", una querella "que no se advierte que sea ni absurda ni irracional"?
No es sólo el descrédito internacional del Supremo lo que está en juego, sino la profesionalidad de los 15 magistrados. El historiador Santos Juliá, aun considerando "un dislate procesal" el intento de Garzón, cree que el Supremo debió rechazar esas querellas "de un simple manotazo" (Pedestal para el juez, EL PAÍS, 28 de febrero). Para no aumentar su deterioro, la Sala Penal del Supremo, entre sus deberes inmediatos, habrá de tener en cuenta que si el recurso del querellado contra el auto de Varela lo resuelve la Sala de cinco magistrados que lo admitió -con Prego como ponente-, quedará contaminada y deberá ser otra la que, en su caso, juzgue a Garzón.
Entre muchos magistrados se ha extendido una gran inquietud ante el riesgo de que el Supremo insista en vetar "interpretaciones innovadoras o progresivas desde la perspectiva de los derechos humanos", ya que consideran que "criminalizar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial". Ante una preocupación de ese calibre, ¿convocará el "moderado" presidente de la Sala, Juan Saavedra, un pleno no jurisdiccional para unificar criterios sobre la admisión y tramitación de querellas? ¿Se tendría en cuenta en ese pleno la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la internacionalización de la aplicación de los derechos humanos?
Ante la situación crítica de la Sala, al margen de las ideologías, es preciso apelar a la sensatez de aquellos magistrados capaces de tenerla, para que, olvidándose del origen perverso con que fueron reclutados muchos de ellos, promuevan una cura de honestidad jurídica que ponga orden y les saque del callejón en que se hallan y que, de no encontrar salida, perjudicará a la propia institución y a la justicia, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
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