Pero no eres el único, Simple. Ellos mismos se desligitiman:
El instructor del caso de los “cursos de Nueva York”, magistrado Manuel Marchena, archivó el pasado 13 de febrero la causa contra Baltasar Garzón tras dos años largos de investigación por considerar que había prescrito. Aun así en el auto de archivo, afirmaba “El querellado contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común —BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa— el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional”. Sin posibilidad de defenderse por el archivo del caso, Garzón se ha encontrado con duros apelativos contra su honestidad aunque el juez manifestó que era la Universidad de Nueva York en la que impartía los cursos la que solicitaba los patrocinios y que sus emolumentos no tenían que ver con dicha financiación.
Las derivaciones de este tema han provocado malestar en medios judiciales porque, según explicaron las mismas fuentes a este diario, “parece que ahora se puede cuestionar la presencia de un juez en foros habitualmente financiados por entidades privadas”
El instructor, en cursos financiados
El hecho de que diferentes entidades privadas financien cursos, foros, jornadas o eventos a los que acuden magistrados, que a su vez pueden percibir una remuneración por acudir a dichos actos, es habitual. Por ejemplo, en fechas recientes el propio instructor de este caso, magistrado Manuel Marchena, figuraba en el folleto informativo entre los participantes al curso “la ultima reforma penal” que celebró entre el 1 y el 5 de agosto la Universidad de El Escorial en sus cursos de verano. Como patrocinador de este acto
figura según indica el mismo folleto la “Asociación Española de la Industria Eléctrica”. En el programa general se incluye el anagrama de una entidad financiera, en concreto, el banco de Santander.
Marchena y una empresa de juego
O unos meses antes, el 24 de marzo, cuando estaba en plena instrucción del caso Nueva York,
el nombre de Marchena se encuentra en el programa de las Jornadas “la consolidación del juego online realidades y deseos” en el que figuran como organizadores la Universidad de Valencia y la Fundación Codere, cuyo presidente José Luis Martínez Sampedro, conocido empresario del sector del juego, inauguró el evento. Es decir, el juez Marchena al igual que otros magistrados de la Sala II del Supremo, que reabrieron el caso “cursos de Nueva York” es habitual en cursos y jornadas como ya ha publicado en diversas ocasiones ELPLURAL.COM, seminarios que son patrocinados por todo tipo de organizaciones o bufetes de abogados, dándose el caso de que incluso coinciden en estos eventos jueces y letrados que se ven, pocos días después, en la sala de juicios.
Jueces para la democracia, también
Pero es que la financiación privada a actividades protagonizadas por jueces viene muy de atrás. Por ejemplo, la Asociación Jueces para la Democracia ha encontrado patrocinio o colaboración de entidades públicas o privadas prácticamente desde su creación. Así, en el cartel de su XXIII Congreso dedicado a “el modelo de judicatura en el siglo XXI”, firma
Unicaja; en el caso del XXII Congreso de 2007 celebrado en Salamanca, aparece
Caja Duero y para no remontarnos más atrás, en el XXI Congreso que tuvo lugar en Vitoria, la entidad financiera mencionada es
Caja Vital.
El CGPJ no es ajeno
El propio Consejo General del Poder Judicial tampoco es ajeno a la intervención de empresas para sus cursos y conferencias. Sin ir más lejos, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2011 se realizaron las VIII Jornadas CGPJ-CSCAE patrocinadas por la Fundación Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla (
FIDAS) ligada al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en las que colaboraron además de entidades públicas,
RENFE, o el hotel Meliá Lebreros.
La APM, el Santander y el BBVA
También los magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura, han mantenido contacto con entidades financieras a fin de obtener ventajas para sus asociados. En la página web de la APM en el apartado “servicios”, se puede leer: “Una de las facetas de la Asociación Profesional de la Magistratura es conseguir mejoras para los Jueces y Magistrados asociados en servicios financieros, en la suscripción de pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional así como de otra índole particular. El
BBVA en virtud del convenio suscrito con la APM, mantiene una oferta especial de productos para nuestros asociados (…) El 12 de julio de 2007 se suscribió un convenio financiero con el
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., en virtud del cual se ofrecía una amplia gama de productos y servicios a los asociados a la APM.(…)” Los detalles de estos convenios se incluyen en la citada página con ofertas de créditos personales, hipotecas y todo tipo de servicios bancarios incluyendo
“superhipotecas” y “supercrédito personal” con intereses de partida interesantes en ambos casos. Se incluye asimismo una propuesta de colaboración de
Telefónica con la APM.
Comprometer la imagen
¿Puede como afirmaba el juez Marchena en su auto de prescripción comprometer la buena imagen de un magistrado el que entidades privadas colaboren, patrocinen o se relacionen a través de estas actividades citadas o mediante la relación con la Asociación a la que pertenecen? “El que Marchena aunque no sean hechos probados de una sentencia, dé por acreditado frente a la opinión de la fiscalía que Garzón cometió un delito de cohecho impropio, del que por cierto, tras el archivo ya no tendrá ocasión de defenderse,
valdría para poner en entredicho el que cualquier juez imparta un curso financiado por una empresa cuyos actos, más adelante, se pueda ver obligado a enjuiciar”, opinan las mismas fuentes. “
Se abre la veda de la sospecha. Esta situación no es en absoluto agradable y no debería haberse producido”.
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