El 94% de los detenidos del PP sigue imputado.
Este diario ha analizado la situación procesal de los 51 cargos del PP detenidos desde septiembre de 2005 hasta la actualidad. Y el resultado es el siguiente: 44 están imputados por delitos como cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias, cuatro ya han sido condenados y sólo tres han visto cómo se archivaba su causa.
A continuación, se repasan los principales casos por comunidades autónomas. Y hay un dato muy llamativo: en Canarias y Baleares, se han producido 36 de las 51 detenciones, lo que equivale al 70% del total.
Andalucía
El escándalo más sonado de esta comunidad es el caso Troya, en Alhaurín el Grande (Málaga). En enero de 2007, su alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos acusados de cohecho y prevaricación urbanística. La Fiscalía los ha acusado de ofrecer a empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de construir más de lo legalmente permitido a cambio de dinero. Tanto Serón como Guerra, que eludieron la prisión tras pagar una fianza, siguen en sus cargos.
En Andalucía, también se produjo la detención por cohecho de Manuel Fernández, ex concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada). Y se investiga el caso Camas, en Sevilla, donde el ex concejal Antonio Enrique Fraile, imputado también por cohecho, pagó una fianza de 30.000 euros para eludir la prisión.
Baleares
Desbordada por múltiples casos de corrupción, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, dimitió el pasado viernes. En los últimos tres años, han sido detenidos en Baleares 17 cargos del PP.
Todos los procesos siguen abiertos. El más reciente es el Palma Arena, que investiga las irregularidades cometidas en la construcción del velódromo durante la última etapa de Jaume Matas. El coste se disparó de 48 millones de euros a unos 110.
Junto al caso Gürtel, es el principal cartucho que los conservadores han empleado este verano para ejemplificar la supuesta persecución, especialmente por la forma en que aparecieron públicamente esposados dos de los detenidos (por la mano derecha de ambos, lo que dificulta los movimientos). Uno de los imputados, Rafael Durán, ha dimitido como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, pero sigue como concejal.
Otro de los escándalos más sonados es el caso Andratx, que comenzó a instruirse en 2006 y que condujo a las detenciones de su entonces alcalde, Eugenio Hidalgo, y el concejal de Ordenación, Jaume Massot. La primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca comenzó con la investigación de la construcción de una vivienda, propiedad de Hidalgo, en zona protegida.
Hidalgo ha sido condenado en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Palma. Ambas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo.
Canarias
Se trata de la única comunidad en la que tres de los detenidos, concretamente en el caso Faycán, tienen sus causas archivadas. A finales de 2006, un total de 11 cargos del PP fueron detenidos después de que se destapara una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde.
El caso arrancó en julio de 2005, a raíz de la denuncia de una empresaria que aseguró que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Otro de los casos más conocidos es el de Mogán. Su alcalde, José Francisco González, sigue en el cargo imputado por cohecho en el caso Góndola.
Comunidad Valenciana
En los últimos años, ha sido detenido un cargo del PP. Se trata del concejal de Albatera Javier Bru, que sigue en activo. Está imputado, entre otros delitos, por extorsión y salió de la cárcel tras pagar una fianza de 60.000 euros.
En el denominado caso Brugal, se investiga el pago de supuestos sobornos en la adjudicación del servicio de recogida de basuras de Orihuela. El secreto de sumario cumplió en mayo dos años.
Galicia
Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, ambos ex concejañes del PP de Gondomar (Pontevedra), fueron detenidos en 2007 acusados de delitos relacionados con la corrupción urbanística. La sentencia, que los condenó a 18 meses de prisión, está recurrida ante la Audiencia Provincial.
Murcia
Murcia es otro de los puntos negros de la gestión del PP, sobre todo en cuestiones urbanísticas. En los últimos años, seis cargos del partido han sido detenidos.
El caso más reciente es el de Librilla, donde diez personas, entre ellas el alcalde, José Martínez, y el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, fueron apresadas por su presunta implicación en una trama de corrupción. El PP les dio de baja, pero ambos, imputados por cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, continúan en su puesto.
Tampoco ha dejado el cargo José Martínez Andreo, alcalde de Totana, detenido el 29 de noviembre de 2007 por el caso Tótem. Se trata de una supuesta trama de cobro de comisiones para recalificar unos terrenos, donde una empresa gallega del grupo Nuaria pretendía construir viviendas.
El regidor está imputado por los cargos de prevaricación, falsedad de documento público y tráfico de influencias. Su causa por cohecho ha sido sobreseída. Eludió la prisión tras el pago de una fianza de 70.000 euros. También por este mismo caso fue detenido el entonces concejal de Agricultura, Juan Francisco Casanova, que está imputado por cohecho.
Otro caso pendiente de juicio es Polaris World, que en 2008 llevó a la detención del todavía alcalde de Torre Pachecho, Daniel García Madrid, por una supuesta permuta irregular de terrenos municipales. Por último, el caso Zerrichera provocó el apresamiento de Francisco Marqués, ex consejero de Industria y Medio Ambiente del Gobierno murciano.
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