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LoginMás arriba está la carta que hemos enviado al Congreso.
La conferencia de los respresentantes de los estudiantes de Derecho dio en su día:
"La Conferencia de representantes, ante la preocupación del estudiantado de nuestras Universidad ha alcanzado de manera unánime la resolución que se adjunta.
Los representantes de los estudiantes consideramos los siguientes extremos sobre la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador:
1.-Anacrónica y gremial: Se trata de una Ley hecha a medida de los Colegios profesionales y que se olvida del interés de la Comunidad Universitaria, postergando a un segundo plano a los universitarios, a los decanos y a los rectores.
2.-Obsoleta: La Ley 24/2006, ha quedado obsoleta tras la adaptación del sistema universitario español al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). Esta Ley debe ser modificada para armonizarla con los nuevos parámetros de nuestro sistema universitario, con el cual, su redacción actual, mantiene notables incongruencias.
3.-Injusta y discriminatoria: Impone a aquellos estudiantes que obtengan su Licenciatura en Derecho después de octubre de 2011, que deban cumplir con unos requisitos especiales de capacitación (realización de un curso de formación o máster y de un examen de Estado). Hasta el momento, los Licenciados en Derecho siempre han podido ejercer como abogados y procuradores con el único requisito de la colegiación.
La Ley obvia que todos los Licenciados tienen la misma formación objetiva y han estudiado durante cinco años su carrera, y discrimina a aquellos que terminen sus Licenciaturas después de octubre de 2011, exigiéndoles una capacitación mayor que a los Licenciados anteriores.
4.- La Ley impone el principio de que “quien paga, está capacitado”, ya que los Licenciados en Derecho antes de octubre de 2011, si pagan la colegiación se entenderán capacitados para ejercer las profesiones de abogado y procurador para toda la vida; pero si no pagan la colegiación, no se les reconoce tal capacitación y tendrán que enfrentarse a los nuevos requisitos (curso y examen final) para poder ejercer en el futuro.
Por todo ello, RECLAMAMOS del Gobierno de la Nación y del resto de representantes políticos:
I.-Que se escuche la voz del estudiantado, el cual debe tener una voz cualificada en la formación de esta Ley y de su desarrollo reglamentario.
II.-Que se proceda a la reforma de la Ley actual para adaptarla y adecuarla al nuevo sistema universitario español. Para ello pedimos de manera inminente la prórroga de la entrada en vigor de la Ley.
III.-Exigimos la exclusión de los Licenciados en Derecho, presentes y también de los futuros Licenciados que hasta 2015 pueden terminar sus estudios, y reivindicamos que esta Ley sólo se aplique en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
IV.- Consideramos que en aras de garantizar la mayor calidad y excelencia, la formación de los futuros abogados y procuradores deberá realizarse mediante un máster universitario oficial homologado a nivel europeo, y no a través de cursos de formación, y con una duración de un curso académico, para cumplir así con la estructura del EEES de cuatro años de grado y uno de máster de especialización.
"