A ver, hasta para debatir es necesario que exista un mínimo acuerdo, no sólo en las formas, sino también en el contenido. Hay cosas que algunos ven, pero que no quieren reconocer, o que lo reconocen de mala gana. El porqué es algo que obviamente desconozco, aunque puedo intuirlo.
A nadie se le escapa, que, teniendo en cuenta que el procedimiento de enterrar y desenterrar muertos de la guerra civil, es un procedimiento administrativo, que se rige por tanto por la LRJPAC, y que la materia que lleva Garzón es penal, la actuación del juez en este caso, era absolutamente inútil. Ciertamente, lo único que puede disculpar un mal comportamiento profesional en este caso, es la ignorancia, pero dada la condición de jurista cualificado de Garzón, convengamos en que tal ignorancia de que adoptaba un mal comportamiento profesional, es imposible. Si queréis lo dejo en casi imposible… ¡Bueno!
Si Garzón es buen o mal juez, diré que no es mal juez. Si es buena o mala persona, diré que no lo sé. Si me preguntan si se le juzga por ser mal juez o mala persona, tengo que contestar que no se le juzga por eso. El tema, el gran tema, es otro. A saber: si dada la deriva de Garzón de los últimos tiempos, desnaturalizando con sus actos el contenido típico y propio de la Administración de Justicia, incurriendo en decisiones polémicas, de sesgo presumiblemente politizado y politizante, haciendo uso alternativo de derecho, o mejor dicho, abuso del derecho alternativo, está en condiciones de ser juez y si a los españoles nos conviene que siga siendo juez, que siga teniendo actuaciones monstruosamente delirantes o si por el contrario preferimos una Justicia más sobria, más eficaz, que se adecue mejor a los usos y a los fines que le son propios. Esto es: que dentro de la imprevisibilidad inevitable de toda actividad humana, podamos tener la seguridad de que no tendremos que asistir a actuaciones delirantes más propias de la tragedia griega que de una administración de Justicia de un país democrático y civilizado. Es este contenido esencial de la seguridad jurídica, el que se protege con la penalización del delito de prevaricación.
Esa seguridad jurídica era la que se estaba perdiendo en una deriva hacia el uso alternativo del derecho. Una deriva de la que no es culpable solamente Garzón, pero sí su máximo exponente. Una deriva que comenzó en 1985 con la LOPJ que ahora reforma Gallardón, para conseguir el mismo objetivo que perseguiría la condena a Garzón: ganar en seguridad jurídica y despolitizar en lo posible la judicatura. Es significativo y elocuente que los partidos del Antiguo Régimen que han hecho uso y abuso del derecho alternativo y que hoy apoyan a Garzón, sean los mismos que se oponen a la reforma de Gallardón de despolitizar en lo posible la judicatura. Se demuestra de esta forma que ambas cuestiones están íntimamente relacionadas.
Y digo bien, “en lo posible”, porque son a su vez esos partidos los que bloquean la igualmente imprescindible reforma del Constitucional, cuya politización está consagrada constitucionalmente y es el origen de todos los males de la España actual, tanto o más que nuestro Estado autonómico. Y no deja de ser elocuente tampoco, que los partidos que hoy apoyan a Garzón, sean precisamente los que impiden la despolitización del Tribunal Constitucional. Lo que prueba a su vez que ambas cuestiones están íntimamente relacionadas entre sí y con la corrupción política, la injusticia del fuerte o la impunidad del poderoso.
Téngase por reproducido este argumento aplicado a la cuestión de la Fiscalía, politizada por imperativo constitucional. Una Fiscalía que si ha apoyado a Garzón, no se debe a criterios técnicos, sino a su politización por imperativo constitucional a la que hago referencia.
Entonces la actuación de Garzón supone no sólo un desperdicio económico, sino una auténtica desnaturalización de las funciones propias de la judicatura y un ataque frontal a la democracia, al Estado de derecho, al principio de legalidad, a los derechos y garantías constitucionales y a la seguridad jurídica.
Esto es lo que hay que cortar, porque de lo contrario, el esperpento irá en aumento, como ya ha ido por ejemplo con la legalización de ETA al dictado del PSOE. Se trata pues de buscar jueces que no emprendan aventuras superfluas que no conducen a nada, mientras desatienden las obligaciones que le son propias y mientras guardan en el cajón casos como el del chivatazo a ETA, que son verdaderamente importantes y cruciales. Jueces independientes, responsables, eficaces y con una mínima ética profesional, jueces que restauren la confianza de los ciudadanos en la Justicia, jueces que restauren la seguridad jurídica tan frontalmente atacada por decisiones grotescas, chocantes y derivadas de la politización de la judicatura, del uso y abuso del derecho alternativo y de una Constitución y una LOPJ que debemos reformar. Éste es el tipo de leyes, de modelo judicial, de jurisprudencia, etc. que necesitamos los españoles si queremos levantar España.
No puedo dejar de recordar la mala fe del antiguo régimen que se ha lanzado en la calle para defender un modelo de justicia politizada y corrupta. No puedo dejar de recordar su demagogia, su manipulación y cómo en sus protestas y en su discusión con los detractores de este modelo, eluden toda autocrítica y todo debate sobre los aspectos chocantes de la actuación de ese juez, que son los que se ponen sobre la mesa a la hora de criticar sus actuaciones. Lo peor es que eluden todo debate sobre eso, manipulándolo de manera demagógica, siendo como son, tan conscientes como los críticos con el juez de lo chocante de sus actuaciones y de lo grotesco de su proceder. Y a eso es a lo que siempre se le ha llamado, se le llama y se le seguirá llamando MALA FE.
