Buenísima definición de Federico sobre Garzón: politicastro de ida y vuelta que se forra en el camino. Efectivamente es un modelo de lo que no debe ser un juez.
Los que defendemos la separación de poderes y el principio de legalidad, no tragamos a este tío, ni sus cacerías, ni su venganza contra Felipe por no hacerle Ministro utilizando el caso GAL, ni su venganza contra el PP porque Aznar se opuso a que fuera promovido para el Nóbel de la paz.
ES un sujeto repugnante: una cosa es que a mí no me guste nada nada, ni el PP ni el PSOE. Pero eso no quita que hay cosas que ciertamente no se pueden hacer. Una cosa es que no me guste nada nada, la Transición y otra que los pactos de todos tengan que ser puenteados por unos pocos y para lo que les interesa: eso es, para saltarse a la torera la Ley de Amnistía sólo para seguirnos vendiendo estos cuentos de buenos y malos, de izquierda y derecha.
Primero se aprueba una mala Constitución, luego se aprovecha la politización del Constitucional para realizar una interpretación que se parece a su letra como un huevo a una castaña, después se destruye la separación de poderes, y finalmente, para avalar todos esos desafueros, los golpistas se amparan en la misma Constitución de 1978.
¡Pues no señor! Es hora de recuperar la separación de poderes, el principio de legalidad, los jueces netamente profesionales y las facultades que les han sido injustamente arrebatadas.
Por ejemplo: si un periodista informa de los desafueros de Bonocristo, de comprarle un piso a su hijo y realizar actividades que no cuadran con su nivel de ingresos, la solución es obvia: si la información es falsa, deberá ser el juez profesional el que le meta un puro al medio que ha difundido tales informaciones. Y si es verosímil, entonces Bonocristo tiene por decoro que dimitir, responder de las irregularidades y en todo caso, tragar saliva.
Pues no: el Congreso que preside Bonocristo, ha aprobado una ley que permite a la Vicepresidenta cerrar medios, de modo que es el poder político el que arbitra sus relaciones con los medios de comunicación, en vez de ser el juez. Así: si la información es falsa, se le cae el pelo igualmente al medio de comunicación. Pero si es verdadera, la Vicepresidenta puede cerrar el medio incómodo. Y el juez ha quedado reducido a mero revisor, por aquello del qué dirán.
¿Consecuencias prácticas? Que si el cierre es ilegal, es igual, pasan cinco o diez años privados del derecho a la libertad de expresión y los seguidores de este medio, privados del derecho a recibir información veraz. Después el juez dicta una resolución que ampara a los periodistas, pero el Gobierno no la cumple, como pasó con el antenicidio y no pasa nada.
Y de un Gobierno y un Bonocristo que defienden este modelo judicial, ¿qué se puede esperar? ¡Pues lógicamente que aplaudan a Garzón con las orejas!