Nuestro compañero IESUS me ha enviado el siguiente escrito para todo aquel que quiera colaborar envíando dicha carta.
Saludos,
Sr. Ministro,
Desde la representación estudiantil de las Facultades de Derecho españolas queremos transmitirle la preocupación existente entre el estudiantado por la Ley 24/2006, reguladora del acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales; el cual se puso de manifiesto en la Conferencia de representantes de alumnos de Derecho de España que mantuvimos los pasados días 6 y 7 de mayo en la Universidad Carlos III.
Según fue el sentir unánime de esta Conferencia, los representantes estudiantiles no estamos radicalmente en contra de la imposición de unos requisitos de capacitación para el acceso a las profesiones de abogado y procurador. Sin embargo, creemos que la redacción de la actual Ley no es adecuada y que es necesario introducir cambios esenciales en la misma para adaptarla al nuevo marco universitario.
Somos conscientes de que esta Ley surgió al margen del comúnmente conocido como proceso de Bolonia y aunque intuía el mismo, lo cierto es que se ha tratado de situar siempre como una cuestión a parte, como una problemática diferente. La cuestión está entonces en que, toda vez que este nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es ya una realidad en España, algo de la importancia como es la regulación del acceso a las profesiones de abogado y procurador, no puede quedar al margen del mismo; sino que es necesario cohonestar los principios de esta Ley con los parámetros que impone el nuevo sistema universitario general.
Por lo tanto, no queremos que se entiendan las reivindicaciones que la Universidad de manera unánime realizamos, como un “órdago” frente a la “mayor”; si bien sí que entendemos imprescindible la adaptación de la Ley, y decimos de manera contundente que de la Ley, porque hay cuestiones que ni siquiera en vía reglamentaria pueden ser corregidas y necesitan de cambios en la letra de la Ley.
Las universidades españolas se encuentran ahora en una situación de extrema precariedad. La adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior lleva consigo extraordinarias cargas –necesidades de profesorado, de infraestructuras y otros dotamientos…-, pero los recursos no es sólo que no crecen sino que, debido a la actual situación económica, están reduciéndose en muchas autonomías españolas. Es imposible para la Universidad en un año vista, hasta octubre de 2011, poder diseñar, aprobar y poner en marcha másteres que garanticen la formación adecuada de los futuros titulados en Derecho para que accedan a estas profesiones como la ley manda.
Además, una vez que los Licenciados en Derecho son ya una categoría en extinción y que a partir de 2015 ya no saldrán nuevos Licenciados; creemos que se debe respetar el estatuto de estos, y han de ser excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. Todos los Licenciados en Derecho han gozado de una preparación universitaria diseñada en planes de estudios de 5 años y así pedimos que se mantenga. Esta Ley genera situaciones muy injustas para miles de personas ya licenciadas que van a tener que colegiarse para evitar estos requisitos de capacitación si, en un futuro, decidieran ejercer. Unas situaciones que, como decimos, habida cuenta de que los Licenciados están ya en extinción, no encuentra justificación mantener. Si todos los Licenciados han recibido una misma formación, respetémosles su estatuto y ciñamos el ámbito de esta Ley al nuevo sistema europeo.
En este sentido, hay también otras cuestiones de diseño que resultan de importancia capital y que es necesario armonizar. Hay que cambiar la Ley para adecuarla a la estructura del nuevo sistema. La duración de los cursos de formación o la naturaleza de los mismos, debe ser determinada de acuerdo con las líneas del Espacio Europeo de Educación Superior, cosa que ahora mismo no ocurre.
Asimismo, el Gobierno debe tener tiempo para crear un catálogo de títulos claros que nos diga, normativamente, aquellos de los “grados” de las distintas universidades españolas que “sustituyen” a la antigua Licenciatura en Derecho. Algo esencial no sólo para regular el acceso a las profesiones de abogado y procurador, sino también para determinar quienes vayan a acceder luego a las oposiciones de Juez, Abogado del Estado, Registrador o Notario… Aquí no caben improvisaciones ni parches. No cabe que esto quede regulado en un anexo sectorial al Reglamento que desarrolle la Ley, como se pretende en el último borrador. De ello depende una auténtica revolución del sistema, que un graduado social, un graduado en criminología o en gestión y administración pública puedan, a partir de esta ley, ser abogados y procuradores.
Todo ello, y algunas cosas más, las indicamos, con las correspondientes propuestas, en la Declaración que le hacemos llegar y que fue aprobada por la Conferencia de representantes de Derecho.
El pasado miércoles 26 de mayo, representantes de los alumnos de Derecho mantuvieron ya una reunión en el Ministerio de Educación, con la Sra. Chacón, Directora General, para trasladarle estas cuestiones. Ahora bien, creemos necesario el compromiso desde el Ministerio de Justicia y que éste comprenda la necesidad de armonizar los principios de esta Ley con la nueva realidad universitaria.
Entendemos que el cambio de circunstancias vivido por el sistema universitario español desde el año 2007, un año después de la aprobación de la Ley, ha sido tan grande que exige modificar la misma porque ésta ha quedado obsoleta. Es una absoluta necesidad para la Universidad y rogamos sensibilidad al Ministerio de Justicia a este respecto.
Esperamos poder ser recibidos por representantes del Ministerio de Justicia para trasladarle nuestras preocupaciones de manera directa y estamos seguros de poder contar con su colaboración.
Muy agradecido,
Fdo…….
