Gobernó como un férreo dictador masacrando a los que opinaban diferente. Fusilamientos, encarcelamientos, torturas, campos de concentración y penas de muerte (¡OJO! PARA PRESOS POLÍTICOS) eran la tónica del día a día. Y eso durante 40 años.
Creo que exageras un poco. Estamos hablando de España y de Franco, no de Pol Pot.
OK. Vale. Es posible que "día a día" no, pero asesinó a muchísimas personas. Yo opino que los asuntos que tienen que ver con la memoria de las personas que fueron asesinadas por pensar diferente durante la Guerra Civil y el franquismo requieren un tratamiento cuidadoso, ya que detrás hay unas familias cansadas de agravios, de promesas incumplidas, de leyes insuficientes o de apoyos parciales. Por eso, el resultado final de los autos del juez Garzón ha suscitado más amargura que alegría. El franquista fue un régimen que se impuso sobre la sociedad mediante el
terror. La represión que desató fue sistemática, cruel, y se valió de todos los instrumentos del poder para desarrollarla. Los golpistas se alzaron cometiendo algo más que crímenes políticos, porque fueron crímenes de lesa humanidad, como se dice en el auto. Por parte del bando republicano se ejecutó a unas 70.000 personas (7.000 de ellas religiosos), y el franquismo asesinó a unas 100.000. Pero es que tras la Guerra Civil, pudiendo aplicar la paz, el régimen franquista impuso la victoria: más de
192.000 personas fueron fusiladas, y muchas murieron de enfermedad en los campos de trabajo o en las prisiones. La represión franquista tuvo tres etapas: la primera, la represión salvaje con los bandos de guerra. Luego la segunda, la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Más tarde una oleada represiva. La petición de la partida de defunción de los jefes franquistas no es más que fuegos artificiales, porque cuando un hecho es público y notorio no es preciso demostrarlo jurídicamente. En la segunda parte del auto, que es la que se refiere a las desapariciones, Garzón juega dos bazas. En primer lugar pretende que las instituciones públicas desempeñen un papel importante en la localización y exhumación de los desaparecidos, y en segundo lugar deriva finalmente esa responsabilidad a los juzgados territoriales.
El artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica afirma: «Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Pero esto no es más que un brindis al sol que depende más de la voluntad de la institución que de la obligatoriedad impuesta por una ley; es decir, como antes de la aprobación de este texto.
En media España no hubo guerra civil, pero sí una
represión cruel, salvaje. Esto supone que, en primer lugar, cuantitativamente el régimen de Franco se lleva la palma de la represión; y en segundo lugar, que el desequilibrio de la memoria y el tratamiento a las familias es evidente. La capital española y varias grandes ciudades sufrieron una triple violencia: primero la del golpe militar, luego la republicana y finalmente la franquista. Pero siendo una evidencia que ambos bandos tuvieron, durante la Guerra Civil, un comportamiento denunciable, hay una gran diferencia entre ambos territorios, pues fue precisamente en la zona en la que triunfa el golpe donde se localiza el gran problema de los desaparecidos. La falta de datos, o peor aún, el maquillaje y la desaparición de los pocos que existen, fue una actitud demasiado común durante el franquismo. En este sentido la exageración por parte del franquismo de algunos de los crímenes republicanos caló en parte de la sociedad.
A mi juicio, este es el verdadero debate que debemos encarar:
¿es o no es una obligación del ámbito público abordar las desapariciones? Porque mientras no se resuelva políticamente este debate, serán los familiares quienes deban llevar de la mano a las instituciones, exigiendo, controlando, pidiendo; y teniendo en cuenta que ya llegamos tarde. Es una tarea realmente agotadora.
¿Cómo entender que alguien que ha sufrido un delito lo tenga que resolver por su cuenta? Cuando una asociación entrega un cuerpo, no está abordando un problema particular de un familiar; está encarando un problema colectivo de nuestra sociedad, de nuestro sistema de valores, que se basa, entre otras cuestiones, en el derecho a la vida y en el derecho al duelo. De hecho, para el imaginario colectivo de nuestra era, tal vez son más dolorosas las desapariciones que la propia muerte.
